Unos mil padres de alumnos que asisten a escuelas
de la Provincia deberán responder por amenazas de bomba falsas hechas
por sus hijos en el último año. Los padres podrían enfrentar penas que
parten desde los 60.000 hasta los 100.000 pesos.
Este es el costo para el Estado ante el hecho de movilizar personal de
la policía, de bomberos, de la Dirección Antiexplosivos y ambulancias.
Las causas se inician en sede penal por el delito de intimidación
pública sobre la base del artículo 211 del código
penal cuando la policía interviene en las denuncias luego de las
llamadas al 911. En relación a nuestra institución, la investigación
está a cargo de la Fiscalía, ubicada al lado de Bomberos Voluntarios.
La
justicia responsabilizará a los padres de los menores
para que respondan con su patrimonio.Tomemos conciencia, reflexionemos
con nuestros hijos en cada uno de los hogares.